Pero quiénes son los responsables de los decretos presidenciales (DNU)
En la historia reciente de la Argentina, los decretos de necesidad y urgencia —DNU— se transformaron en una herramienta de poder que ha moldeado buena parte de la política contemporánea. Nacidos con la intención de atender emergencias excepcionales, terminaron siendo utilizados como mecanismo habitual para gobernar sin el contrapeso pleno del Congreso. Este fenómeno, que atraviesa distintos gobiernos y signos partidarios, plantea una pregunta ineludible: ¿quiénes son realmente los responsables de haber instalado y perpetuado esta práctica que erosiona el equilibrio de poderes?
El uso sistemático de los DNU no puede atribuirse a un solo partido político. A lo largo de las décadas, prácticamente todas las fuerzas que alcanzaron el poder recurrieron a ellos, ya sea por conveniencia política o por necesidad coyuntural. Sin embargo, el abuso de esta herramienta se consolidó en los años noventa, cuando los gobiernos comenzaron a gobernar por decreto ante la falta de consensos parlamentarios. Lo que fue pensado como un recurso extraordinario se convirtió en la vía más directa para eludir negociaciones y aprobar medidas controvertidas.
En esa etapa se sentaron las bases de una distorsión institucional: el Ejecutivo absorbió funciones que pertenecen al Legislativo, y el Congreso, muchas veces por inercia o complicidad, permitió que esa práctica se normalizara. En adelante, el uso de DNU creció tanto en cantidad como en alcance. En lugar de limitarse a emergencias económicas o de seguridad, se aplicaron para legislar en áreas estructurales, modificar impuestos, reorganizar ministerios o incluso cambiar políticas públicas de largo plazo.
Resulta claro que no hay inocentes en esta historia. Los partidos que promovieron la centralización del poder en la figura presidencial lo hicieron apelando al argumento de la eficiencia o la necesidad de decisiones rápidas. Pero detrás de esa justificación se escondió una renuncia deliberada al principio republicano de división de poderes. Varios gobiernos peronistas recurrieron reiteradamente a los DNU, pero también lo hicieron gestiones de coaliciones opositoras, de centro o liberales. Todos encontraron en la figura del decreto una herramienta eficaz para sortear los límites del debate parlamentario.
El Congreso, por su parte, fue parte de ese proceso. Cada vez que las mayorías legislativas eligieron no tratar, revisar o derogar decretos polémicos, contribuyeron a su permanencia. Esa omisión tuvo el mismo efecto que la complicidad directa: consolidó el poder unilateral del Ejecutivo. La pasividad de muchos bloques parlamentarios convirtió la excepción en regla. En definitiva, tanto quienes firmaron los decretos como quienes callaron ante ellos comparten la responsabilidad de haber debilitado el equilibrio institucional.
No se trata solo de nombres o fechas, sino de una cultura política que asocia la fortaleza del liderazgo con la capacidad de gobernar por decreto. Durante años, esa concepción fue funcional para todos los espacios que pasaron por el poder: el que gobernaba lo utilizaba, y el que lo criticaba, cuando llegaba al gobierno, lo repetía. Así se instaló un círculo vicioso donde la emergencia se convirtió en argumento permanente.
La actual discusión sobre limitar los DNU no es, por tanto, un mero debate jurídico. Es una confrontación con décadas de prácticas políticas que redujeron la deliberación democrática a un trámite formal. Revertir ese proceso implicará no solo reformar leyes, sino reconstruir la confianza entre los poderes del Estado. El Ejecutivo deberá aceptar que no puede legislar a voluntad, y el Congreso deberá asumir su responsabilidad plena como ámbito de debate y control.
En la medida en que se restaure ese equilibrio, la democracia argentina ganará previsibilidad y legitimidad. Un gobierno fuerte no es aquel que concentra el poder, sino el que gobierna con reglas claras y respeto institucional. Los decretos de necesidad y urgencia, en su forma más pura, deben existir para emergencias reales, no para suplir la falta de acuerdos políticos. Y cuando se abuse de ellos, debe haber consecuencias políticas y jurídicas claras, sin distinción de banderías.
Los responsables del uso excesivo de los DNU son, en última instancia, todos los que encontraron en la discrecionalidad un atajo conveniente. Cada gobierno que gobernó por decreto y cada Congreso que lo permitió son eslabones de la misma cadena. La recuperación del equilibrio republicano exige reconocer esa responsabilidad compartida y construir una nueva práctica política basada en el respeto al procedimiento democrático.
Solo entonces el país podrá dejar atrás la cultura del decreto como forma de gobierno. Solo así se podrá hablar de una verdadera república, donde el poder no se concentre en un solo escritorio, y donde las leyes vuelvan a ser el resultado del debate plural y del consenso político. El desafío no es técnico ni legal: es ético e institucional. Argentina necesita dejar de justificar la excepción para volver a confiar en la norma.